El juez Arthur González es un miembro distinguido  de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York y anteriormente presidió el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, desde 2010 a 2012.

El juez González goza de mucho respeto del Bar de Quiebras en NY, luego de forjar una distinguida carrera que abarca tres décadas, con dos nombramientos judiciales a la Corte de Quiebras. Durante ese tiempo ha presidido algunos de los casos de quiebra corporativa más notables de los últimos tiempos, incluyendo Enron en 2001, WorldCom en 2002, y Chrysler en 2009.

Como dijo The New York Times en una nota sobre el juez publicada en 2011, «Hay muchos jueces que solo tienen la suerte de presidir apenas un caso de la magnitud que define una época durante sus funciones judiciales.  En sus 16 años como juez federal de quiebras, a Arthur J. González le han tocado tres de estos casos». Esta experiencia es la razón por la cual el juez González seguramente será considerado seriamente para un puesto en la junta.

En el caso de Enron, donde tuve el placer de comparecer frente a él, González recibio elogios por la forma en que manejo este caso Capítulo 11 de gran relieve que surgió luego del escándalo de esta corporación. El caso tenía que ver con $62 mil millones en activos, y González cosechó aplausos al lograr una mayor rentabilidad para los acreedores que aquella que habían estimado al principio, incluyendo 93 centavos de dólar para los operadores de energía con créditos garantizados.

Volvió a ganar la admiración de casi todos por su manejo de la quiebra de WorldCom, un caso aún mayor, con más de $100 mil millones en activos, que comenzó mientras el proceso judicial de Enron todavía estaba en curso. El gigante de las telecomunicaciones Verizon compró la compañía después de salir de la quiebra.

Sin embargo, en el último caso de gran envergadura, de la automotriz Chrysler, el juez ha dejado un legado mixto. La quiebra de 2009 se concluyó de manera muy rápida, algo que fue elogiado por algunos, pero menoscabado por los acreedores quienes opinaron que habían recibido un trato injusto. El principal elemento de controversia, por supuesto, fue el trato que recibieron los jubilados de Chrysler UAW – un tema que volverá a ser relevante en la reestructuración de Puerto Rico – donde las pensiones de los sindicatos recibieron una mejor oferta que los acreedores de las empresas con garantías, que incluía otros fondos de pensión y de retiro.

Este caso se considera como el precedente que abrió paso a un trato similar con respeto a los acreedores con garantías en las quiebras de General Motors y Detroit. Sin lugar a duda, el tema ocupará un lugar central en PR, donde el gobierno ha enfrentado a los acreedores con los fondos públicos de pensiones.

Veredicto: Bandera amarilla-roja. El Juez González tiene muchisima experiencia y ha ganado elogios por su manejo de los casos de quiebra corporativa «que han definido toda una época». Sin embargo, en el Congreso deberán prestar atención porque su nombramiento podria ser utilizado como estratagema político por parte de aquellos que buscan un resultado similar al caso de GM respecto del trato brindado a las pensiones de retiro, sea en la práctica o como percepción. Si es así, entonces seguramente servirá como punto importante de discusión entre las partes interesadas.

 

Luego de mi post sobre Antonio Weiss, surge el nombre de Pedro Pierluisi, otra persona que muchos de aquellos que han estado siguiendo la situación de la deuda de Puerto Rico en los últimos dos años seguramente conocerán; y, al igual que Weiss, se sorprenderán al enterarse que Pierluisi está llevando a cabo una campaña activa para lograr un puesto en la junta, sea como un miembro designado o como director ejecutivo de la misma.

Pierluisi es, por supuesto, el Comisionado Residente saliente que corrió sin éxito para la nominación de su partido de candidato a gobernador hace unos meses. Cuando la legislación que había radicado sobre el Capítulo 9 no prosperó en la Camara estadounidense, Pierluisi se convirtió, junto al gobernador García Padilla y Weiss, en uno de los defensores más acérrimos de  PROMESA durante los meses que siguieron. Depuso en múltiples audiencias y fue un actor clave entre bastidores durante el proceso de redacción de la medida.

Antes de emprender su carrera política, Pierluisi fungió 24 años como abogado, y fue Secretario de Justicia de Puerto Rico desde 1993 a 1996, entre algunos períodos de actividad en el sector privado. Teniendo en cuenta el rol que desempeñó en la promoción de PROMESA – un rol que lo obligó a enfrentarse ferozmente con ciertos grupos de interés mientras formaba alianzas con otros – su nombramiento a la junta, sea como asesor o como director ejecutivo, sería un error.

Además, muchos puertorriqueños que se oponen a la junta culpan a Pierluisi por los poderes que ostenta la entidad, e, independientemente de si tienen razón o no, su participación en cualquier capacidad no lograría más que disensión en la isla.

Un tema aún más problemático es el trabajo de su esposa, quien asesora a empresas de Wall Street, algunas de las cuales poseen bonos de Puerto Rico. No hay duda de que esto significa un importante conflicto de intereses que descarta a Pierluisi inmediatamente de asumir cualquier papel en el tablero.

Además, en lo que se refiere a un puesto en la junta, yo pienso que Pierluisi ni siquiera es elegible, porque su nombramiento sería una clara violación de PROMESA, una medida que prevé que los funcionarios elegidos territoriales, tanto actuales como anteriores, no pueden participar. El objetivo es asegurarse de que la junta sea completamente no-política a nivel local, un elemento clave de su cometido. Algunos han argumentado que, como Pierluisi trabaja en el Congreso, no puede ser ni siquiera ser considerado un funcionario «del territorio».  Pero todo esto es mera semántica – Pierluisi sirvió al pueblo de Puerto Rico, fue elegido por los votantes de Puerto Rico, y es miembro de un partido político de Puerto Rico. Sea o no elegible, claramente  el nombramiento de Pierluisi sería una violación del espíritu de PROMESA. En mi opinión, después de haber perdido la posibilidad de aspirar a gobernar,Pierluisi lo que quiere es gobernar PR desde la Junta.

Veredicto: Bandera Roja – Pedro Pierluisi tiene grandes conflictos de intereses debido al trabajo de asesoría financiera que ejerce su mujer, lo que lo debe descartar de cualquier puesto en la junta. Cualquier tipo de participación sembraría discordia en Puerto Rico y el rol que ha desempeñado en la política que llevó a la creación de la junta plantearía preguntas sobre su independencia. Además, su nombramiento socavaría el carácter apolítico de la junta, y es además una clara violación de PROMESA, ya que él es un exfuncionario electo territorial.

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