

Gregory Kaufman y Alejandro Ballester no son nombres que hayan sido difundidos ampliamente por los medios como candidatos para puestos en la Junta de control, pero aún así, mis fuentes me indican que están atrayendo un elevado nivel de atención y consideración para la Junta de control.
Kaufman es el presidente y director ejecutivo de Popular Securities, el brazo de la banca de inversión del Banco Popular, donde ha trabajado desde su incorporación como director general en 2003. Previo al Popular, trabajó en Prudential Securities y fungió en particular como vicepresidente de finanzas del Banco Gubernamental de Fomento de 1993 a 1996 bajo el gobernador Pedro Rosselló. También es miembro de la junta directiva de la Fundación para Puerto Rico, junto a la exgobernadora Sila Calderón y otra candidata cuyo nombre ha estado sonando para la junta de control, a quien yo le puse una bandera roja: Lizzie Rosso.
Ballester es un hombre de negocios a cargo de Ballester Hermanos, un importante distribuidor de alimentos y bebidas aquí en Puerto Rico. Además, participa del consejo administrativo del Banco Popular.
Para mí, la candidatura de ambos es fácil de resolver: hay una bandera roja gigante que debería excluir a ambos de ser considerados para la junta: sus posiciones actuales los imposibilitan, puesto que Kaufman, es director de la división de valores del Banco Popular, y Ballester, es director del consejo directivo del Popular. Más aún, la división de Popular Securities tiene muchos clientes que tienen exposición a la deuda de la isla. Cualquier reestructuración de esta deuda tendrá un impacto negativo en los clientes de Popular Securities y por ende en la institución.
Obviamente, el Popular, no sólo es el mayor banco de Puerto Rico, sino también el banco del gobierno de Puerto Rico. Ha acumulado más de $ 1.000 millones de dólares en depósitos del gobierno apenas durante el segundo trimestre de 2016, mientras que fungía como el receptor de facto del Banco Gubernamental de Fomento. El Popular también es el centro de intercambio de la nómina de los empleados públicos del gobierno, y sirve como fiduciario del COFINA, la entidad gubernamental que emite bonos a los inversores que son respaldados por los ingresos recaudados del impuesto a las ventas.
EL CEO del Popular, Richard Carrión, que fue considerado un candidato para un puesto en la Junta al principio, pero que parece haber caído en desgracia desde entonces, es miembro de la junta directiva de la organización sin fines de lucro que ha sido objeto de escrutinio al haber incluido al hermano del gobernador García Padilla como su único empleado remunerado (junto a Dennis Rivera, también ganador de una bandera roja). De hecho, esta organización sin fines de lucro tiene su sede en las oficinas del Popular en San Juan.
Quizás lo más importante es que el Popular tiene una considerable exposición a la deuda pública de Puerto Rico (según se informa, más que $ 1.000 millones), algo que es directamente supervisado por Kaufman. En pocas palabras, es inapropiado que el jefe de la división de inversiones del Popular, o un director con un alto nivel de intereses en el negocio del Popular, sean una voz importante en la junta de control, que ejercerá una autoridad absoluta sobre el destino de los bonos y aquellos contratos con un impacto potencial directo muy importante en el banco.
Todo esto demuestra para que tanto Kaufman y Ballester, y cualquier otra persona que esté estrechamente asociada con el Popular, sean completamente inapropiados para fungir en la junta de control (o para trabajar en la misma en calidad de asesores).
Veredicto:
Bandera Roja – la posición de Kaufman como un empleado de alto rango del Banco Popular y las funciones de Ballester en el consejo directivo del Popular significan que no hay forma que sean aptos para servir en la junta de control, dada la multitud de conflictos que surgirían de la relación entre el banco, el gobierno de Puerto Rico y su deuda pública.