Aunque haya dedicado gran parte de mi tiempo en Control Board Watch a los candidatos de la Junta de Control, los lectores que me conocen desde hace mucho saben que me interesa cubrir diversos acontecimientos legales, desde la Ley de Recuperación hasta la decisión de Wal-Mart, en mi blog original MuddLaw.  Debido a que hay tantas demandas que se han radicado en relación a PROMESA y la junta de control, tengo la intención de incorporar parte de este trabajo a este foro, y comenzaré con una evaluación de la importante decisión judicial del juez Francisco Besosa de la semana pasada en el caso de Lex Claims v. García Padilla.

El viernes, el juez Besosa determinó que el stay no era aplicable al litigio de Lex Claims, donde los demandantes son tenedores de bonos de obligación general. En la demanda los demandantes alegan que el gobernador García Padilla ha violado PROMESA al asignar varios créditos presupuestarios que violan las protecciones otorgadas a sus bonos en la misma.

Si bien el fallo del juez Besosa solo indica que el stay no se aplica en este caso, es una señal clara e importante de que estima que este caso tiene mérito – y que él piensa que existe, de hecho, la posibilidad de que el gobernador haya violado la ley federal aprobada recientemente.

El fallo se produce apenas dos días después del nombramiento de los 7 miembros de la junta por el presidente Obama, y se perfila como un nuevo problema para la Junta antes de que entre en funciones y haya contratado a su personal

El juez Besosa declaró en su breve opinión:

 La Sección 405 (b) (1) de PROMESA frena dos tipos de litigios. En primer lugar, frena aquellas acciones judiciales «contra el Gobierno de Puerto Rico que se habrían o se podrían haber iniciado con anterioridad a la promulgación de [PROMESA].» PROMESA § 405(b)(1), 48 U.S.C.A. § 2194(b)(1). Los demandantes iniciaron esta litigio mediante radicación de una demanda el 20 de julio de 2016, (docket nº 1), luego de la promulgación de PROMESA el 30 de junio de 2016. En su demanda enmendada, los demandantes solicitan una declaración que las medidas tomadas por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico después de la promulgación de PROMESA violan las secciones 204 (c) (3) y 207 de PROMESA. (Docket No. 25 a las págs. 22-28.) También buscan un interdicto prohibiendo a los demandados del ELA en utiilizar estas estas medidas hasta que la Junta de Supervisión y Administración Financiera de PROMESA determine si son apropiadas. Id. Los demandantes no pudieron haber iniciado esta demanda antes de la promulgación de PROMESA porque sus reclamaciones buscan hacer cumplir las disposiciones de PROMESA al cuestionar acciones que se produjeron después de la promulgación de PROMESA. En consecuencia, este caso no pertenece al primer tipo de litigio detenido al amparo del artículo 405(b)(1) de PROMESA.

El segundo tipo de litigio detenido por la sección 405(b)(1) de PROMESA contempla acciones judiciales «para recuperar una demanda de responsabilidad contra el Gobierno de Puerto Rico que haya surgido antes de la promulgación de [PROMESA].» PROMESA § 405(b)(1), 48 U.S.C.A. § 2194(b)(1). «Demanda de Responsabilidad» significa, «lo que se refiere a un pasivo», «derecho al pago» o «derecho a un remedio en equidad por incumplimiento de la obligación si el incumplimiento diera lugar al derecho de pago.» Id. § 405(b)(2). En su demanda enmendada, los demandantes hacen claro que su demanda «no pretende obligar el pago de los bonos de los demandantes.» (Expediente No. 25 en las págs. 225.) Más bien, los demandantes buscan una remedio declarativo e interdicto judicial. Id. páginas 22-28. A pesar de que los demandantes hayan solicitado en su demanda enmendada una «orden que adjudica. . . costos y honorarios de representación legal, como autorizado de acuerdo a 42 USC § 1983, «(Expediente No. 25, pág. 28), el derecho al pago de costas y honorarios de abogados en esta acción no se planteó antes de la promulgación de PROMESA porque los demandantes interpusieron el presente recurso después de la promulgación de PROMESA. Por lo tanto, los demandantes no buscan recuperar un derecho al pago que haya surgido antes de la promulgación de PROMESA. Asimismo, este caso no compete al segundo tipo de litigio frenado según la sección 405(b)(1) de PROMESA.

De nuevo, aunque esto no resuelve el tema principal de la demanda, es una clara señal de que el juez Besosa cree que el caso es merecedor de su atención y, desde mi propio estudio de la demanda, puedo decir que estoy de acuerdo. De hecho, creo que el juez Besosa finalmente decidirá contra el gobierno.

Los demandaddos presentarón su moción de desestimación el 2 de septiembre y los demandantes tendrán hasta el 30 de septiembre para oponerse.

 

Phil Swagel es profesor de la facultad de la política pública de la University of Maryland, donde es profesor de económica política internacional, y un académico con un puesto no residente del American Enterprise Institute, un centro de estudios de derecha en Washington, DC. Antes de enseñar en Maryland, fue profesor visitante en la McDonough School of Business de Georgetown University.

Sin embargo, lo más relevante en cuanto a su potencial para trabajar en la junta de control probablemente sea su experiencia en el sector público. Fue el Subsecretario de Política Económica en el Departamento del Tesoro entre diciembre de 2006 y enero de 2009, durante el segundo mandato del presidente George W. Bush, donde asesoró sobre la política del programa de alivio para activos problemáticos (Troubled Assets Relief Program – TARP). También fue jefe de gabinete del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, así como economista del FMI y economista de la Reserva Federal. La experiencia de Swagel en el Tesoro podría ser de particular utilidad, ya que la junta contaría con su amplia experiencia sobre el funcionamiento interno del departamento, sin correr el riesgo de comprometer la integridad de la junta con el potencial de conflicto con la actual administración.

A principios de año, se mostró crítico de un proyecto de ley que requeriría que la Reserva Federal considere a los bonos municipales como una inversión «segura», junto con dinero en efectivo, bonos del Tesoro y deuda emitida por empresas patrocinadas por el gobierno en los intereses de la regulación bancaria. Dijo que » la Reserva Federal había ido demasiado lejos en su propuesta de permitir que los valores de riesgo sean tratados como inversiones seguras, y la legislación contemplada iría aún más lejos.» Pero, a pesar de su obvia experiencia en el ámbito de las finanzas públicas, su aparente participación del debate sobre la deuda de Puerto Rico ha sido mínima. Del mismo modo, no hay nada que sugiera que tenga algún conflicto de envergadura en Puerto Rico o con la actual administración. Por lo tanto, podría ser un miembro digno de la Junta.

Veredicto:  Bandera Verde – Swagel es una figura que ostenta una amplia experiencia financiera sin ningún conflicto aparente que le valdría su exclusión de la consideración para un puesto en la Junta.

 

 

Mark Page es el ex director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OMB) de Nueva York, donde se ha desempeñado en diversos puestos que se remontan a 1978 y como director bajo el Alcalde Michael Bloomberg desde 2002 hasta 2014.

Page es un experto en finanzas públicas que, a lo largo de su carrera, estuvo íntimamente involucrado en las emisiones de bonos utilizadas para financiar las múltiples ramas del gobierno de la ciudad de Nueva York. Antes de desempeñarse como director, Page trabajó como consejal adjunto, subdirector y asesor general de la OMB. Sus responsabilidades incluyeron asistir al alcalde con el desarrollo y la supervisión del presupuesto de la ciudad y asesorar al alcalde sobre  políticas que impactaban la capacidad fiscal de la ciudad. También se desempeñó como director ejecutivo de la Autoridad Municipal de Agua de Nueva York, como director ejecutivo de la Autoridad de Finanzas de Transición de la ciudad de Nueva York, y como  presidente de la corporación de desarrollo TSASC, Inc.

Sin embargo, la larga carrera de Page  no ha estado exenta de polémica. Mientras se desempeñaba como  director de la OMB, implementó y promovió CityTime, un nuevo sistema de cronometraje para empleados públicos que según el New York Times ,  era »  la envidia de los alcaldes de todo el mundo  «. El proyecto se convirtió en un fracaso, el cual costó a los contribuyentes más de $ 700 millones, llevó a cargos criminales (no relacionadas con Page) y a largas investigaciones dentro de la administración del alcalde Bloomberg, y dio lugar a la creación de una nueva oficina dentro del Ayuntamiento para supervisar los contratos de tecnología.

El fracaso de CityTime parece ser un problema pasajero en una ilustre carrera y, de hecho, Puerto Rico bien podría  beneficiarse de  intentos de agilizar el gobierno y hacerlo más eficiente (que es lo que Page tenía en mente, según dicen, al promover el anterior proyecto). Pero el Congreso también deben tener en cuenta que la Junta de Control se enfrentará con  circunstancias rápidamente cambiantes y con información financiera que sin duda requerirá  acción rápida y decisiva, y que no puede permitirse el lujo de ser abrumada por la incapacidad de sus miembros para responder a las críticas por sus políticas, o por su renuencia a ajustar sus enfoques si estos no son eficases.

Veredicto:  Bandera amarilla -No hay duda de que Page tiene las credenciales de finanzas públicas para ser una voz útil en la junta de control, pero el Congreso debe evaluar cuidadosamente su papel en el fracaso de CityTime. Voy a seguir evaluándolo a medida que obtenga más información acerca de su trabajo.